Persecución de la Iglesia en Nicaragua: silenciar a los que defienden a los perseguidos

Iglesia Nicaragua

El obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, Mons. Rolando José Álvarez, acaba de ser condenado a 26 años y cuatro meses de cárcel en Nicaragua. La acusación: conspiración, propagación de noticias falsas, obstrucción y desacato a la autoridad. Un paso más en el silenciamiento de quienes defienden a los que no tienen voz.

El obispo llevaba en arresto desde agosto de 2022, al negarse a abandonar su propio país, junto a otros presos políticos nicaragüenses “deportados”, como si no tuvieran nacionalidad, a Estados Unidos. En 2018 Mons. Álvarez había formado parte de la comisión de diálogo de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que buscaba mediar entre el gobierno y los opositores a las políticas ejercidas en el país por el matrimonio Ortega. El obispo había denunciado los abusos a los derechos humanos en Nicaragua, donde el régimen tomó medidas enérgicas contra la disidencia, manipuló elecciones a su favor y cerró medios de comunicación independientes.

En 2022, el gobierno de Nicaragua también expulsó del país al Nuncio Apostólico y a 18 religiosas de las Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta. Además, se han cerrado numerosos medios de comunicación católicos. El pasado 8 de febrero, en contra de las disposiciones de todo el derecho internacional, el gobierno quitó la ciudadanía y desterró a cinco sacerdotes, un diácono y dos seminaristas. Aún permanecen encarcelados otros dos sacerdotes.

El Papa Francisco en el ángelus del domingo decía que “las noticias que llegan desde Nicaragua me han entristecido no poco, y no puedo dejar de recordar aquí con preocupación al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, a quien tanto quiero, condenado a 26 años de cárcel, y también a las personas que han sido deportadas a Estados Unidos. Rezo por ellos y por todos los que sufren en esa querida nación, y pido vuestras oraciones”. Por su parte el presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de Europa (COMECE), el cardenal Jean-Claude Hollerich, expresaba su preocupación por la situación de la Iglesia en Nicaragua “y la persecución a la que está siendo sometida nuestra Iglesia y algunos de sus miembros en dicho país en los últimos tiempos, en particular, nuestro hermano en el episcopado Monseñor Rolando Álvarez”. Y añadía: “Nos unimos a la voz que clama por la injusticia a la que están siendo sometidos nuestros hermanos en Nicaragua y exigimos su inmediata liberación”.

Desde el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), se considera que se está llevando a cabo un ataque en toda regla contra la Iglesia católica en el país. Además de las deportaciones, el régimen de Ortega ha negado la entrada a sacerdotes a su propio país, como ocurrió con Rodrigo Urbina, párroco de la Iglesia San Juan Bautista de Sutiaba en León, y ha forzado a otros religiosos al exilio a causa de persecución y amenazas de detención; los sacerdotes Carlos Zeledón, párroco del municipio de San Dionisio, y Jorge Mairena, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Lourdes del Tuma La Dalia.

La Iglesia Católica entró en conflicto con Ortega después de brindar apoyo espiritual y protección a los manifestantes que salieron a las calles en 2018, exigiendo la destitución del presidente. Posteriormente, los sacerdotes acompañaron a las familias de los presos políticos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo en diciembre que Nicaragua tenía 225 presos políticos, a menudo en condiciones deplorables.

Fuente: OMPRESS